La Paz, 22 de noviembre de 2024 (Tinta Roja).- El dirigente de la comunidad San Pedro de La Loma, en el municipio de Coroico, Guido Q.T., fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, acusado de liderar el avasallamiento violento al Hotel La Finca el pasado 27 de junio. Este hecho, que involucró a una treintena de personas, se realizó bajo el pretexto de hacer cumplir la resolución de una supuesta comunidad indígena originaria campesina.
La audiencia de medidas cautelares, que tuvo lugar la semana pasada, se llevó a cabo en el Salón Rosado del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz, por orden del Juez Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia de Instrucción Penal de Coroico. Esta decisión fue tomada debido a que durante la audiencia informativa, el imputado convocó a sus familiares y amigos, quienes causaron destrozos en la infraestructura de la Fiscalía en la localidad yungueña.
El Hotel La Finca, que lleva casi 10 años en funcionamiento, está ubicado en la comunidad San Pedro de La Loma, a unos 100 kilómetros de La Paz y a unos 45 minutos de Coroico, en la provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. Los propietarios del establecimiento son los esposos Palmira Navi y Roberto Beltrán.
Denuncia de resolución ilegal
Antonio Quispe, abogado de los propietarios del Hotel La Finca, explicó a ERBOL que una asamblea de la Comunidad San Pedro de La Loma emitió la resolución 04/2024 el 30 de abril de 2024, otorgando el derecho de propiedad sobre el hotel a otra persona, quien supuestamente ofreció el 50 por ciento de los terrenos a los dirigentes de la comunidad.
“Es totalmente ilegal que los dirigentes otorguen un supuesto derecho propietario, los únicos que pueden otorgar derechos propietarios en el área urbana es Derechos Reales y en el área rural el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a través de títulos ejecutoriales”, señaló el abogado.
El defensor del imputado intentó justificar sus acciones en la audiencia de medidas cautelares, argumentando que el caso debía resolverse en la justicia indígena originaria campesina. Sin embargo, Quispe destacó que, según la Constitución Política del Estado, la comunidad San Pedro de La Loma no está reconocida como un pueblo indígena originario campesino, lo que invalidaría tal argumento.
Según la normativa, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (NPIOC) que comparten territorio, cultura, historia, lenguas y estructuras jurídicas y políticas propias pueden acceder a la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) y gobernar en su jurisdicción, ejerciendo su autogobierno y libre determinación.
Violencia en el lugar
El abogado defensor también aseguró que el imputado fue filmado y puede ser identificado como el líder de los actos violentos ocurridos el 27 de junio. En ese día, el grupo de personas que lideraba amenazó a Palmira Navi, propietaria del hotel, dándole dos horas para desalojar las instalaciones antes de la toma del lugar.
Más tarde, el mismo día, el imputado y su grupo ingresaron al hotel utilizando dinamita y gases lacrimógenos. Durante el ataque, Navi fue golpeada frente a sus hijos y sobrinos, y uno de sus hijos fue secuestrado por dos horas, mientras los agresores lo rociaban con gasolina y lo amenazaban con quemarlo vivo.
El abogado defensor reveló que hay otros dirigentes involucrados en el ataque y cuestionó que no se permitió el acceso de la policía para recolectar pruebas, como los restos de los gases lacrimógenos utilizados. Además, mencionó que parte de la infraestructura del hotel fue quemada y que se robaron objetos de valor. Lamentó que los propietarios aún no puedan regresar a su propiedad.
Palmira Navi expresó su preocupación por la falta de garantías para el empresariado hotelero en Bolivia, especialmente después de la pandemia del Covid-19, que paralizó el sector turístico a nivel mundial. Lamentó también que algunos dirigentes de la comunidad San Pedro de La Loma estén buscando apropiarse del hotel, a pesar de que la relación con los anteriores dirigentes fue siempre de estrecha amistad, “a quienes se apoyó en sus actividades comunitarias”.
El imputado permanece en la cárcel de San Pedro con detención preventiva por cuatro meses, acusado de avasallamiento y por el delito de lesiones graves y leves.
Fuente: Erbol
