Santa Cruz, 13 de junio (Tinta Roja).- La justicia ordenó la detención preventiva por 30 días en la cárcel de Palmasola para Jorge Alejandro B., un empresario inmobiliario acusado de estafa agravada con víctimas múltiples. Se lo señala por vender departamentos en proyectos que nunca fueron construidos, pese a haber firmado contratos y recibido pagos en efectivo.
Según la investigación de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), al menos 200 familias fueron afectadas por estas operaciones fraudulentas, con un perjuicio económico estimado en 12 millones de dólares.
El fiscal Carlos Gutiérrez imputó al acusado por el delito de estafa agravada con víctimas múltiples y lo presentó ante la jueza Patricia Murillo, quien resolvió la medida cautelar tras una extensa audiencia.
De acuerdo con las pesquisas, desde 2016 Alejandro B. ofrecía en preventa departamentos en supuestos condominios ubicados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, principalmente en la zona de Equipetrol, a través de sus empresas Inmoba Corporación e Inmoba Tower. Mostraba maquetas y planos a los interesados, quienes entregaban montos que alcanzaban hasta los 90.000 dólares por unidad. Sin embargo, nunca se inició la construcción ni se entregaron los inmuebles.
Entre las pruebas acumuladas por la Fiscalía figuran contratos firmados, comprobantes de transferencias bancarias y documentos que respaldan las denuncias.
Durante la audiencia de este jueves, el fiscal solicitó una detención preventiva de 180 días, pero la jueza Murillo definió un plazo inicial de 30 días.
En su defensa material, el procesado aseguró que está devolviendo el dinero a algunas de las personas afectadas. “No se les entregaron los departamentos en su totalidad, pero estamos haciendo esfuerzos por reembolsar los montos entregados”, dijo ante la jueza.
Se vienen varias imputaciones
La situación judicial se complica, ya que la Fiscalía tiene preparadas al menos tres imputaciones adicionales en su contra. Estas incluyen no solo nuevos casos de estafa agravada, sino también los delitos de estelionato, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
En una de las denuncias, se señala que una persona le entregó 350.000 dólares bajo promesa de recibir departamentos como garantía, lo que tampoco se cumplió. Según el abogado Fernando Molina, este caso lleva tiempo en la justicia, pero los mandamientos de aprehensión emitidos previamente fueron anulados.
Otros abogados que representan a víctimas son Arturo Heredia y Silvestre Ibáñez. Mientras tanto, los fiscales Giovana Castro, Ruddi Parada y Erwin Jiménez alistan nuevas acciones penales contra el empresario.
Sancionan a una notaría
Las investigaciones en base a casi 50 denuncias que afectan a 200 familias también salpicaron a oficinas que dan fe del Estado a través de documentos.
Una notaría fue mencionada de validar documentación falsificada para consumar estafa agravada con víctimas múltiples.
Fue así que el Ministerio de Justicia que regula el funcionamiento de las notarías decidió aplicar sanciones drásticas.
Una notaría donde el empresario inmobiliario hacía valorar su documentos y contratos quedó suspendida por decisión del Ministerio de Justicia. Significa que no podrá atender al público mientras se desarrollen las averiguaciones.
Cursa en el expediente del caso de la estafa con la venta de inmuebles que otras notarían también están en la lista por recibir documentos falsificados.
El Deber
