La Paz, 31 de mayo (Tinta Roja).- También se decomisaron 166 bebidas alcohólicas, 14 botellas de aceite que no contaban con registro sanitario ni fecha de expiración, productos vencidos y otros alimentos contaminados con heces de ratón.
En un operativo, personal de la Intendencia Municipal de la Paz evidenció la venta de aceite argentino sin fecha de vencimiento en centros de abasto de la zona Max Paredes y Cotahuma.
Este viernes, en el control, se intervinieron 120 actividades económicas y suspendieron 12 de ese total en ambos macrodistritos. El personal municipal recorrió centros de abasto y calles donde venden los principales productos de la canasta familiar, como la calle Antonio Gallardo.
“Hemos encontrado aceite y pedimos que saquen a la venta. Hemos pedido que pongan sus letreros de precios. Muchas vendedoras ya tenían porque semanas pasadas ya hicimos la inspección”, dijo la secretaria municipal de Desarrollo Económico, Sandra Soliz, en conferencia de prensa.
“La ciudadanía tiene que tener mucho cuidado. Los aceites argentinos no tienen fecha de vencimiento, no sabemos cuántos años lo tienen en sus almacenes, eso es dañino para la salud”, afirmó la intendenta macrodistrital de Max Paredes, Johana Soliz.
También se decomisaron 166 bebidas alcohólicas, 14 botellas de aceite que no contaban con registro sanitario ni fecha de expiración, productos vencidos y otros alimentos contaminados con heces de ratón. Algunos almacenes de abarrotes tampoco contaban con licencia de funcionamiento.
“Estos operativos son semanales, vamos a continuar y apoyar a la población, vamos a verificar el precio y el peso también”, dijo Jhoana Soliz. Durante las intervenciones efectúan el control de inocuidad, condiciones de conservación y verificación de fechas de vencimiento.
Las competencias del gobierno municipal de La Paz también implican control de carnet de manipulación, exposición de precios, control de balanzas, estado de la infraestructura, verificación de patentes y comiso y desecho de productos con fechas vencidas o en mal estado.
La secretaria municipal recordó que la Ley 453 asigna al nivel central del Estado la competencia exclusiva sobre derechos y políticas de los consumidores. Asimismo, el Decreto Supremo 434 establece que la intervención ante casos de contrabando, agio o especulación corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y la Aduana Nacional.
La Razón
