Quito, 06 de ene (Tinta Roja).- Uno de los hechos más crudos de la recta final de 2024 empieza a esclarecer sus dudas al respecto. Posterior a realizar el complejo proceso de identificación a los cuerpos calcinados hallados en cercanías de una base área de Taura, la Fiscalía de Ecuador confirmó el martes 31 de diciembre que los mismos corresponden a los de los cuatro menores de edad que desaparecieron el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, luego de ser aprehendidos por militares.
Tras el exhaustivo análisis realizado por los médicos foreneses, se dio a conocer que los cuerpos incinerados correspondían a los niños: Josué Arroyo, de 14 años, Ismael Arroyo de 15, Saúl Arboleda también de 15 y el menor de todos, Steven Medina con 11 años de edad.
«Los cuerpos estaban incinerados, irreconocibles. Eso hizo que el procedimiento de identificación de los cadáveres sea más complejo. Estaban en un estado de descomposición «, mencionó Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Los cuatro menores de edad se encontraban en paradero desconocido desde el 8 de diciembre. Ese día, los niños se encontraban jugando futbol en el barrio popular de Las Malvinas de Guayaquil, según reportaron sus familias.
En tanto, la postura de los efectivos militares es que los menores fueron detenidos ya que presuntamente cometían un robo y estos serían trasladados a la base militar.
En su misma defensa, los militares también afirmaron que habían dejado a los cuatro niños con vida en el camino.
Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a la jueza constitucional, Tanya Loor Zambrano, que declaró que los menores fueron víctimas de desaparición forzada tras el operativo militar y en consecuencia pidió la detención preventiva de 16 militares mientras se investiga formalmente su presunta implicación en el caso.
Desde inicios de 2024, Ecuador vive en un estado permanente de militarización, en medio de una oleada de violencia de los grupos dedicados al narcotráfico y con una de las mayores crisis carcelarias que ha enfrentado el país, el gobierno de Daniel Noboa optó por sacar a los militares a las calles para luchar contra el crimen organizado.
El mandatario señaló que las Fuerzas Armadas tendrían la misión de apoyar las labores policiales para mantener el orden y la seguridad, y elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas como grupos «terroristas».
Así, desde prinicpios del pasado año, la Mitad del Mundo ha vivido en estado de excepción y los militares custodian permanentemente las calles con amplias facultades de seguridad.
Asimismo, la desaparición de los niños ocurre cuando el presidente Daniel Noboa busca la reelección en los comicios del 9 de febrero para gobernar el país por un período completo (2025-2029) tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023.
El país ya ha entrado en período de campaña electoral y en ese contexto, el tema de seguridad resulta fundamental, por eso, el caso de los cuatro menores desaparecidos podría convertirse en una piedra en el camino para las aspiraciones del mandatario, especialmente cuando las encuestas difundidas hasta ahora, arrojan que la contienda apunta a un nuevo cara a cara entre el actual presidente y la candidata del correísmo, Luisa González.
