Buenos Aires, 15 de julio (Tinta Roja).- Tras varios obstáculos e idas y vueltas, finalmente el nuevo juicio por la muerte de Maradona tiene un tribunal conformado: este martes, el juez Pablo Adrián Rolón fue elegido para reemplazar a su colega Alejandro Lago –que se excusó de la causa por motivos de salud-y completará el TOC Nº7 de San Isidro que llevará adelante el próximo debate oral.
El magistrado salió sorteado en el marco de una audiencia realizada a las 13 horas, donde estuvieron presentes tanto los fiscales como los abogados querellantes y los defensores. La jornada había sido citada la semana pasada luego de que Lago, elegido en el primer sorteo, diera un paso al costado del caso por requerir un tratamiento médico prolongado que le demandará una licencia de 6 meses.
Su silla de vocal será ocupada por Pablo Adrián Rolón,integrante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº5, quien completará el órgano de juicio con los magistrados Alberto Gaig y Alberto Ortolani.
Rolón es especialista en derecho penal y procesal penal, tiene 55 años y 37 en el Poder Judicial. A lo largo de su carrera fue auxiliar letrado, secretario de fiscalía, secretario de tribunal oral y fiscal. Hace 10 años que es juez.
Pablo Adrián Rolón, juez del TOC 5 de San Isidro
Con esta designación, se destraba la causa por la muerte del Diez que había quedado en stand by tras la anulación del primer proceso oral, el cual fue manchado por el escándalo de la jueza Julieta Makintach.
Ahora, los tres magistrados que llevarán adelante la causa deberán interiorizarse en el caso y resolver una serie de planteos que fueron formulados por las partes durante estos casi dos meses desde que se declaró la nulidad del juicio
El más reciente es el pedido que efectuó la defensa del neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, quien solicitó el pasado viernes enfrentar un juicio por jurado popular y que sea el pueblo el que defina si es o no responsable del fallecimiento de Maradona.
El planteo, al que accedió Infobae, fue fundamentado en la normativa constitucional y procesal penal vigente en la provincia de Buenos Aires, que establece la posibilidad de realizar un juicio por jurados para delitos cuya pena máxima en abstracto supere los 15 años de prisión.
Eju
