Tarija, 28 de abril (Tinta Roja).- “Hace más de 25 años que vivo llorando”, dice Catalina Tolavi desde su casa en el barrio Chaqueñito, en Yacuiba, Tarija. Su hijo, Juan Pablo Quiroga Tolavi, desapareció mientras cumplía el servicio militar. Las autoridades dijeron que cayó al río Pilcomayo, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Desde entonces, Catalina convive con la ausencia, la incertidumbre y una historia que nadie terminó de contar. Mientras habla por teléfono, el canto de los gallos se cuela en la conversación, y hay un silencio de algunos segundos en el que parece volver al día lluvioso en que su vida cambió para siempre, cuando uno de sus mellizos, Juan Pablo, desapareció.
La mujer de 61 años retoma la conversación con OPINIÓN y recuerda que, en julio de 1998, su hijo Juan Pablo tenía apenas 15 años cuando fue reclutado de manera forzosa por los militares en las calles, sin que se tomara en cuenta, ni en ese momento ni posteriormente, que padecía un problema auditivo. Lo trasladaron al Regimiento Aroma III de Caballería (RC-3), pero pocos meses después, fue enviado al puesto de control militar de D’Orbigny, en la provincia del Gran Chaco. Catalina recuerda que en ese entonces el cuartel era mucho más estricto que ahora y que no pudo ver ni hablar con su hijo durante largos períodos. De ahí que solo conserva una foto de él con el uniforme.
En enero de 1999, Catalina recibió la noticia de que Juan Pablo había desaparecido en las aguas del río Pilcomayo, mientras pescaba bajo el mando del entonces subteniente Roland Lladó V. Ella se pregunta cómo un oficial pudo llevarlo a pescar en un día lluvioso, cuando las condiciones del río eran peligrosas. Se realizaron jornadas de búsqueda, pero sin éxito, ya que no lo encontraron. Catalina está convencida de que, si el que hubiera caído al río hubiese sido un militar, la reacción habría sido distinta: un operativo masivo con barras colocadas para evitar que el río arrastrara a la víctima. Pero al tratarse de un soldado, siente que el esfuerzo fue insuficiente.
La información que recibió sobre lo ocurrido fue mínima. “Era como si les hubieran tapado la boca”, dijo. Contó que otro de sus hijos, Eufronio, quien también pertenecía al mismo cuartel que Juan Pablo, fue trasladado —en su opinión— “de la noche a la mañana” a un cuartel en el Trópico de Cochabamba, para silenciarlo. Visitarlo implicaba un largo viaje y gastos que no podía costear, siendo madre de seis hijos. Sin embargo, con la ayuda de un médico, logró verlo un par de veces, aunque siempre sentía que su hijo estaba “vigilado”.
Catalina hizo innumerables esfuerzos para encontrar la verdad. Viajó a La Paz, donde le decían que la investigación seguía en curso y que se aplicarían sanciones al militar a cargo, pero nunca obtenía respuestas claras. Su hijo no aparecía, ni vivo ni muerto, lo que la afligía profundamente, porque, en caso de haberse ahogado, quería al menos tener la posibilidad de despedirse de él, como cualquier otra familia que pierde a un ser querido. Pero esa despedida nunca llegó, y 26 años después, sigue sin poder hacerlo.
En noviembre de 2024, Catalina recibió una respuesta a la petición de información que había enviado al Gobierno. En su solicitud, pedía al presidente Luis Arce que investigara el fallecimiento de su hijo y la entrega del cuerpo. La Dirección General de Derechos Humanos e Interculturalidad en las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, le respondió que, tras enviar las solicitudes al Comando General del Ejército, conocieron, a través de la Inspectoría General del Ejército, que, según un informe fechado el 4 de noviembre de 2024, “realizada la búsqueda de archivos sobre el caso del soldado Juan Pablo Quiroga Tolavi, hecho ocurrido hace 25 años, no se encontró ningún archivo”. Se presume que los documentos relacionados con el caso ya no existen, debido a que su período de conservación es de solo cinco años a partir de la fecha de la correspondencia.
Esa instancia también solicitó información al coronel DAEN Lladó, quien, en la parte más relevante, indicó: “En mi permanencia en el P.M.A. acudí dos veces a pescar a orillas del río Pilcomayo, en compañía del señor corregidor de la localidad, y en una segunda salida, me acompañó el soldado Juan Pablo Quiroga Tolavi”. Añadió que, “inmediatamente después de este lamentable hecho y como corresponde a nuestras normas y reglamentos, di parte al Comando RC-3 Aroma”. También señaló que informó a varias instancias, incluyendo la Policía y el Ministerio Público, y que se realizó una búsqueda por varios días sin obtener resultados.
El coronel relató que, en febrero de 1999, se le instauró un sumario informativo militar y un proceso ante los Tribunales de Justicia Militar por el presunto delito de falsedad de relación, pero que, tras la investigación y el proceso judicial, fue “absuelto de toda pena y culpa, cumpliendo una sanción disciplinaria”.
Catalina no sabe leer ni escribir, por lo que le explicaron el contenido del informe, y ella concluyó que “de nada sirvió su reclamo”. Cuando la llamaron para que recogiera la correspondencia, preguntó si realmente valía la pena, en relación con la respuesta, y le dijeron que era importante que lo hiciera. Hizo esfuerzos para que un familiar recogiera y le enviara la correspondencia, pero se sintió profundamente defraudada. Nadie sabe nada de su hijo, el cuerpo no fue encontrado, no hay responsables, y todo sigue igual que al principio.
Los años pasaron y Catalina ya no siente la misma fuerza para seguir buscando la verdad, pero no pierde la esperanza. Ha escuchado hasta cuatro versiones sobre lo que pudo haberle sucedido a su hijo, pero ninguna fue confirmada. A lo largo de todos estos años, recibió el apoyo de Jacobo Copa, camarada de Juan Pablo, quien considera una injusticia lo que sufrió la familia Quiroga Tolavi. Además de presenciar el sufrimiento de Catalina al no encontrar el cuerpo ni los restos de su hijo, Jacobo dice que, la madre de su camarada, tampoco recibió indemnización, algo que sí ocurre con soldados, cadetes y alumnos que sufren accidentes o mueren en actos de servicio, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. No descarta recurrir a instancias internacionales en busca de justicia, ya que, a pesar de sus imploraciones, sienten que no han encontrado respuestas ni justicia.
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