La Paz, 1 de mayo (Tinta Roja).- El cerco a las oficinas ediles comenzó desde el martes donde impidieron que los funcionarios salgan. Los vecinos y comerciantes del sector también denunciaron agresiones.
Decenas de comunarios de Pomamaya, Distrito 7 de El Alto, cercaron el Jach’a Uta y agredieron físicamente a funcionarios ediles cuando éstos intentaban salir de las instalaciones. El sector exige la derogación de la Ley Municipal 777, que afectaría la delimitación de sus tierras.
El cerco a las oficinas ediles comenzó desde el martes donde impidieron que los funcionarios salgan. Los vecinos y comerciantes del sector también denunciaron agresiones; incluso les quitaron sus pertenencias.
Ante estos hechos, el gobierno municipal presentó una denuncia penal en contra de los dirigentes.
«Ya se presentó la denuncia el martes y ya se encuentra en la etapa de admisión», ratificó el director general de Asesoría Legal, Isaac Mauricio.
El secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares, explicó que los comunarios que exigen la derogación de la Ley 777 (Plan de Ordenamiento Territorial), con palos, piedras y chicotes hirieron a ocho funcionarios. El panorama se repitió el miércoles con mayor agresividad.
Balladares apuntó a la dirigente de nombre Natividad Mamani, pero además al exconcejal Zacarías Maquera y al exsubalcalde Juan Mamani. Señaló que todos están ligados al expresidente Evo Morales.
«A mí me da mucha pena cómo actúa la gente del señor Evo Morales. Han estado a la cabeza de la señora Natividad que es gente directa de Evo Morales. Ella vino con todo un grupo a cerrarnos el Jach’a Uta», describió Balladares.
La autoridad recordó que la Ley 777 se aprobó en la gestión edil de Maquera y se continuó con Soledad Chapetón. «Lo único que nosotros hemos hecho es concluir ese proyecto y hemos tenido reuniones con su federación y se han avanzado los temas, ya han aceptado, pero ahora un grupo de ellos están actuando políticamente. Han agredido a ocho funcionarios, a uno de ellos le han roto la cabeza», puntualizó Balladares.
Los movilizados se identificaron como miembros de Fesucaruso (Federación Sindical Única de Comunidades Agrarias de Radio Urbano y Suburbano de El Alto), sin embargo, Balladares aclaró que es solo un grupo y no todo Fesucaruso.
«Ellos están actuando políticamente y como corresponde vamos a tomar las acciones. Ya hemos presentado nosotros el proceso penal a la cabeza de la señora Natividad y sus dirigentes».
Balladares reveló que detrás de las demandas de Pomamaya existirían intereses para intentar lotear algunos sectores de esa zona rural.
La Razón
